Sobre el anuncio del Gobierno Nacional, con respecto a que se tomarán medidas para reducir las tarifas de electricidad en el Caribe, el diario Portafolio informó sobre una propuesta por parte de la firma bogotana Sumatoria que consiste en financiar la deuda que la opción tarifaria dejó a los comercializadores de energía. Según ASCODIS, dicha deuda que alcanza los $2,5 billones de pesos, sería financiada por medio de un “fondo autónomo” que a su vez sería fondeado por actores tradicionales en los mercados financieros.

 La evaluación de los expertos de Sumatoria es acertada en un sentido: la deuda restante por la opción tarifaria amenaza eslabones clave de la cadena energética como lo son los comercializadores,  por lo que  expone a la costa a un apagón financiero.  La situación de los comercializadores en la costa es precaria y requiere de acción decisiva y rápida por parte del gobierno nacional.

Pero, como muchas de las propuestas que han surgido en esta coyuntura resulta en poco más que pañitos de agua tibia, si no está acompañada de una reforma integral que revise los elementos de la fórmula tarifaria. La tensión sobre ciertas partes de la cadena se debe a que están sujetas a presión financiera por todas partes: por un lado, la opción tarifaria y las pérdidas, y por otro, los altos precios en bolsa de la energía.

Mover el peso de la deuda de la opción tarifaria a un tercero reducirá el riesgo de un apagón financiero, pero no elimina la necesidad de cobrar dicha deuda. Esta misma la acabará pagando el colombiano de a pie, si no es en la tarifa eléctrica será por medio de impuestos o de alguna otra manera.

Simultáneamente, los precios por generación que se pagan en Colombia siguen siendo desmesurados y algunas pocas compañías siguen obteniendo ganancias récord controlando la oferta. Esto pone a las comercializadoras entre la espada y la pared y no deja recursos para invertir en la red, recuperar pérdidas o eliminar conexiones ilegales.

Si no se busca un alivio a los altísimos precios de generación de energía que se pagan en Colombia, la situación de la Costa Caribe empeorará en el mediano y largo plazo. El gobierno nacional y los líderes políticos de esta región hacen bien en buscar soluciones inmediatas que alivien la situación a corto plazo, pero no deben cometer el mismo error de gobiernos pasados y dejar que el problema crezca hacia el futuro.