El año pasado, tras la anulación de los nombramientos que hizo el presidente Iván Duque para ocupar los cargos de los comisionados de la CREG, esta duró casi 7 meses sin quorum. La entidad encargada de regular el sector energético en Colombia pasó la mayoría del 2023 sin poder sesionar ni tomar decisiones, ya que no contaba con los funcionarios necesarios para ejercer su labor.

El presidente Gustavo Petro, mediante la expedición del Decreto 227 de 2023, intentó hacerse propias las funciones de esta comisión. Pero al interponerse el Consejo de Estado (la misma entidad que anuló los nombramientos a la CREG por parte del gobierno anterior), optó por nombrar cuatro comisionados encargados de forma interina.

Hace unos días  se venció el cargo de los tres comisionados nombrados bajo esta figura, lo cual vuelve a dejar a la CREG sin quorum y arriesga otro apagón regulatorio. A esto hay que añadirle la salida del director del DNP (quien también forma parte de la comisión),

Quizás, entonces, no es coincidencia que el gobierno anunciara que buscará una reforma a la Ley de Servicios de Públicos (142 de 1994 y 143 de 1994). Además de incrementar mínimos vitales y aumentar las multas para personas jurídicas, esta reforma busca darle al mandatario el poder de regular directamente sobre los servicios públicos.

La propuesta reforma establece que el ministerio de Minas y Energía podrá presentar proyectos regulatorios con mensaje de trámite preferente “cuando la aplicación de las normas expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas resulten contrarias a la política pública del Gobierno, perjudicial para los usuarios de servicios públicos domiciliarios; o cuando sea necesario para asegurar la confiabilidad, seguridad, abastecimiento o sostenibilidad del sistema”.

Esencialmente, el proyecto busca darle la potestad al ministerio de Minas y Energía y al presidente, de obviar el debido proceso en temas de regulación energética y regular “a dedo”. Es decir, el presidente no tendría que pasar por la CREG para intervenir en el sector energético, como pretendió  hacer hace unos meses para imponer un techo al precio que se paga por la energía en bolsa.

Aún cuando, en el corto plazo, esto presentaría una solución al apagón regulatorio, las consecuencias para la institucionalidad colombiana pueden ser gravísimas.

La estructura existente de la Comisión de regulación de energía y gas busca promover que las decisiones de esta entidad sean de carácter técnico y no político, y otorgar cierto grado de independencia a los comisionados que la conforman. La reforma que el gobierno busca adelantar privaría a la CREG de su poder regulatorio, otorgándoselo al ejecutivo y volviendo dichas decisiones políticas en vez de técnicas, lo cual pondría en riesgo la institucionalidad de la misma entidad.