En las recientes movilizaciones de protesta por los altos precios de la electricidad, especialmente en varias localidades de la costa Caribe, se ha visto mucho humo, pero poco fuego. El ruido causado por las intolerables facturas de la luz ha motivado al gobierno a anunciar, a través del ministro Camacho, una serie de medidas, algunas sensatas y realistas pero otras vagas y de largo alcance en el tiempo.

Lo que se propone como solución a los problemas del sector, se resume en tres temas: altos precios por manejos de la oferta, baja calidad del servicio debido a una pobre infraestructura que se cobra como si estuviera nueva, y desorbitantes precios de la electricidad por un mal esquema de mercado.

Repasando los anuncios del gobierno, separados por sus potenciales efectos, los hemos clasificado en unos de corto plazo y otros de larga realización en el tiempo:

Medidas de Corto Plazo (realizables en 2024 y 2025)

• Verificación de los esquemas de inversiones de las empresas proveedoras del servicio
• Revisión de la ejecución de las inversiones de los operadores de red (se supone que los operadores de la red aplican mal los plazos de amortización y sobreestiman las inversiones en infraestructura). Un asistente al foro de la Costa, vociferó sobre este punto: “¡Sin transmisión justa, no hay transición!”
• Modernización del mercado de energía con énfasis en estímulos a los esquemas actuales de comercialización de energía con el objeto de que se cobre al usuario únicamente por lo que sí se ha ejecutado.
• La CREG profundizará la revisión de las normas del mercado de energía mayorista y la actualización de los costos de comercialización de energía
• Se expedirá la reglamentación para la comercialización de energía de las Comunidades Energéticas.
• Instalación de parques solares en la región Caribe, más una mesa de trabajo permanente con autoridades
• Creación de una empresa de energías renovables
• Instalación de proyectos solares en lotes de varias regiones
• Plan de contingencia para la Costa Atlántica y ‘territorialización’ más la creación de una alianza ‘publico-popular’ para mayor generación en el Caribe
• Un billón de pesos para Comunidades Energética para asistencia y apoyo a 3.000 Comunidades Energéticas en todo el territorio nacional 

Medidas de Largo Plazo ( realizables después de 2025)

• Revisión de la Ley 142 de Servicios Públicos.
• Generar un modelo de mercado es posible, pero hay que tener en cuenta el mercado para quién y para qué: el usuario final debe ser el protagonista en este esquema.
• Se incentivará la participación de los usuarios o grupos de usuarios en la bolsa de energía (hoy) y en el nuevo esquema (mañana) de manera permanente.

Si uno pretendiera sintetizar el mensaje global del gobierno durante el fin de semana pasado en una sola frase, este sería: Colombia se la juega en contra del individualismo y a favor del bien común. O, en términos propios del sector: prepara la batalla entre quienes abusan de su posición dominante en el mercado eléctrico y la gente. Es decir, entre un modelo donde primen los intereses privados a uno donde se ponga al usuario por delante. 

En ELECTRA creemos que -constitucionalmente- deben ponerse los intereses de los usuarios (lo que esta llama equidad) sobre los de los proveedores del servicio (quienes priorizan la eficiencia; ‘su’ eficiencia). Nos alienta saber que, para el actual gobierno, varios gremios, asociaciones e individuos (políticos y empresarios), las personas y su bienestar están por encima de toda consideración.

Lo sucedido en el Senado y en Sincelejo demuestra que, el sistema de diálogo social que es común en otros países, no existe en Colombia. En ellos, la oferta y la demanda se escuchan entre sí, creando formas de lograr que los usuarios (la parte más importante y vulnerable del sistema por ser los dueños de los activos sociales que ‘administran’ los generadores y transportadores) tengan voz y retroalimentación antes de las crisis.

De hecho, analizar las crisis y resolver los problemas conjuntamente no existe en Colombia. Tenemos un sistema esquizofrénico y conflictivo, donde las empresas ven a los usuarios como una amenaza y un obstáculo a sus ganancias. Y unos usuarios descoordinados y faltos de organización colectiva. Desafortunadamente, el ofrecimiento de soluciones viables como freno a situaciones abusivas no se da en un entorno de diálogo sino uno de amenazas y confrontación.

Hay ejemplos de países donde las partes se han organizado ordenadamente y mantienen abiertos los canales de la negociación. Reino Unido, Alemania y Chile son prueba de ello, justamente, en gobiernos anteriores de este último país se dijo: “¿Saben qué? Si esto es lo que los usuarios quieren y realmente nos beneficiará en términos de país, con mayor bienestar y progreso, todos ganaremos”. Fue así como el gobierno chileno inició en 2010 una campaña de reorganización regulatoria e institucional que hoy es modelo de un sistema donde todos ganan.

Los dos grupos que desean cosas radicalmente diferentes han encontrado, en la negociación colectiva, solución a los problemas del sector eléctrico. Si actuáramos así, en Colombia ya habríamos encontrado la vía para una solución integral al problema de las inaceptables altas tarifas de la electricidad.