En notas pasadas explicamos la fórmula mediante la cual se calculan los precios de energía que pagamos los colombianos, las carencias de la producción energética del país y cómo esta afecta el crecimiento y desempeño de la economía.

Es claro que el suministro y el costo de la energía son determinantes en el día a día de los colombianos, y que una reforma inteligente podría mejorar las condiciones de millones de personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la voluntad política para llevar a cabo dichas reformas no existe y varios gobiernos han pasado sin poder concretar los cambios necesarios.

Y ¿Para qué pensar en una reforma del sector eléctrico?

Una reforma integral de la regulación energética podría ofrecer beneficios no solo a los consumidores de energía, sino que también podríamos tener una economía mucho más competitiva, inversiones más rentables y costos de producción más bajos. Pero, el problema está en que hay quienes se benefician de la forma en la cual opera el sector energético en Colombia actualmente. 

¿Quiénes son los beneficiados de esta situación de baja producción, comparada con la que se daría en un mercado de libre competencia? 

Para obtener una respuesta, es útil volver a hacer un análisis comparativo contra economías similares:

Observando los rankings de oferta y demanda energética, podemos observar que Colombia presenta una diferencia importante entre su capacidad de generación y su demanda. Como hemos explicado anteriormente, esta brecha es la principal responsable de los altos precios de energía a los que estamos sujetos en el país: una demanda alta y una oferta baja necesariamente resultan en precios altos.

En un mercado de libre competencia, los ofertantes compiten por producir más y de mejor calidad, de tal forma que el consumidor obtiene mayor beneficio por menor costo. Pero en mercados donde la competencia es limitada, como lo es en una situación de monopolio u oligopolio, los incentivos de los ofertantes no están dirigidos hacia una producción mayor y mejor.

Todo apunta a que los beneficiarios son aquellos que respaldan la situación actual, ya que poseen el poder oligopólico, sea en generación y/o transmisión. Es decir, aquellos componentes de la cadena de suministro a quienes conviene que haya menor oferta eléctrica en un mercado con exceso de demanda para alcanzar precios altos (y mayores ganancias) en el mercado. 

La entidad reguladora de Colombia, CREG, puede aumentar el número de oferentes eléctricos tanto hídricos como de fuentes diferentes. Ello disminuirá el poder de influencia sobre el mercado que ejercen algunos generadores.

Otra alternativa sería un equivalente al ‘Sherman Act’ de EE. UU. mediante el cual el gobierno de este país intervino y dividió la Standard Oil en 1911. Una medida de este tipo sería extrema, pero podría generar un aumento en la generación de energía que reduciría la brecha entre demanda y oferta en tiempo récord.