El Plan Marshall —conocido como el Programa para la Reconstrucción y Reactivación Europea— fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental. Tomó el nombre del Secretario de Estado que lo diseñó, George Marshall, y costó cerca de 13.000 millones de dólares de la época (cerca de 500 billones de pesos colombianos de hoy; o sea, lo que recauda todo el sector eléctrico en tarifas hoy día).
El “Plan Marshall” que necesita Colombia lo debe asumir e imponer el gobierno colombiano. Y se debería financiar con recursos del presupuesto y las excesivas ganancias que han acumulado varias empresas del sector a través de los años.
Los sectores de recursos naturales, servicios públicos y la política energética no responden a la LEY NATURAL. Su estructura y evolución solo responden a la política y a la regulación. La cual debe ponerse a su servicio cuando a falta de integración y progreso hay retroceso, abuso y fragmentación. En Colombia el sector eléctrico enfrenta su mayor crisis desde 1991: se requiere un Plan Marshall para salvarlo.
Y todo comienza por el modelo que lo regula y controla. El modelo regulatorio colombiano actual es obsoleto y sus fallas están a punto de colapsar. Basta ver la crisis que ha aflorado por su eslabón más débil: la costa caribe colombiana. Dos empresas comercializadoras, Aire y Afinia, que responden en su obligación constitucional de “atender la demanda de electricidad de sus habitantes a precios justos y con eficiencia y calidad,” están a punto de devolver sus cativos al Estado ante la imposibilidad de seguir operando sin perder el patrimonio de sus dueños y concesionarios.
Ya las acusaciones abundan sobre irresponsabilidad en su manejo, falta de programación en la compra de energía a los generadores, desaciertos en la aplicación de la llamada ‘opción tarifaria’ (los recursos que debió pagar el gobierno durante la Pandemia) y las falencias estructurales de la determinación de los precios en el mercado de la bolsa (un problema endémico del modelo regulatorio que aplica desde la constitución de 1991 como resultado de su traducción por medio de las Leyes 142 y 143 de 1994). Todo esto reforzado por la falta de inversión en las redes y subestaciones, la favorabilidad de quienes generan con agua que no pagan, la relativa alta concentración de la demanda, y la falta de operatividad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas o CREG.
El poder de ciertos eslabones de la cadena -sobre todo la generación y la transmisión- ganan en un contexto de suma-cero, generando crisis y perdidas en otros componentes como la comercialización y la distribución.
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Estas dinámicas están creando fricciones geopolíticas en las cadenas de suministro. En este contexto, la transición a la energía limpia sigue siendo un desafío y está incompleta no solo en Colombia sino en el mundo entero. También presenta la mayor oportunidad económica desde la Segunda Guerra Mundial: será el mayor evento de formación de capital en la historia de la humanidad. Y le ofrece al mudo y a Colombia la oportunidad de ser parte de la solución en la lucha contra el cambio climático. Gracias a su poder de influencia solo los estados poseen la capacidad única -y un imperativo estratégico- para dar forma a los cambios que requiere el mundo y aplicar la fuerza que obligue a los privados a unirse a la campaña.
La fractura entre objetivos y medios no es solo un problema de Colombia. El desorden mundial y la ominosa crisis climática llevan a algunos observadores a centrarse en las tensiones potenciales entre estas dos crisis. Pero también ofrecen una oportunidad para que los estados desplieguen su innovación y su capital de una manera urgente, pragmática y abiertamente posnacionalista lanzando un Plan Marshall de Energía Eléctrica para todos a precios asumibles por toda la población.
Esto es lo que actualmente hace Estados Unidos. Biden reconoció estas oportunidades cuando aprobó la Ley de Reducción de la Inflación, la mayor inversión del mundo en tecnologías de energías limpias y justicia energética. La bautizó con un nombre gaseoso y poco relevante para despistar a sus oponentes (mayoritariamente Republicanos).
Ha llegado el momento de llevar este tipo de liderazgo al escenario colombiano. Para lograrlo se necesita crear un nuevo modelo regulatorio que elimine y evite que algunos actores de la cadena de oferta puedan abusar de su posición dominante e imponer tarifas por encima (muy por encima) de su verdadero coste de generación. Para hacerlo solo se requiere la voluntad política del gobierno y las fuerzas vivas de la población.
Hace 32 años el país emitió una nueva Constitución y en menos de 4 años ya estaba reglamentada la ley operativa del sector eléctrico. Lo que falto fue aplicarla al pie de la letra y -con el tiempo- los miembros de la cadena de oferta (generación, transmisión y comercialización) aprendieron los trucos de como favorecer a los accionistas de sus empresas a costa de los usuarios (que la Constitución del 91 coloca como ‘prioridad’ en el servicio y a precios de mercado competitivo).
Colombia debería empezar la campaña de su plan marshal con un esfuerzo ciudadano cuyo objetivo es claro: subsidiar la demanda de los más pobres y reconstruir el sistema de oferta de tal manera que siendo atractivo a los generadores, transportadores y comercializadores de los electrones, cumpla con el mandato constitucional de eficiencia (precios determinados por costo marginales) y equidad.
ELECTRA ha manifestado su propuesta de cambio de modelo de regulación y de formula tarifaria que encaja dentro de este ‘plan’. El Plan Marshall de la reconstrucción del sector electro será la puerta del plan de transición energética hacia la Energía Limpia y la contribución a la solución de los efectos devastadores del cambio climático.
