La idea es sencilla: aprobar por la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) que se cobre el consumo eléctrico de cada unidad (hogar, comercio o industria) por bloques. El consumo de subsistencia será gratis y abarca 130 kWh para TODOS. No importa donde resida el usuario y cubre al 100% de la población conectada a la red eléctrica.
La idea es que el subsidio lo pague cada cual que -independiente del estrato social o actividad económica- consuma más de los 158kWh (esta cifra, aunque sujeta de modificación, representa un promedio ponderado entre los voltajes hoy día otorgados a quienes residen por encima de los mil metros -130 kWh- y los que viven en zonas por debajo de 1000 metros -$173 kWh. Esto permite satisfacer las necesidades esenciales, desde la calefacción hasta la cocina y la luz para hogares y el consumo mínimo estimado para comercios e industrias.
Por encima del bloque mínimo, el coste por unidad aumenta en bloques adicionales que reflejan la curva de costos marginales de largo plazo. Esto significa que los hogares y comercios o industrias que consumen más de los niveles mínimos (por ser más solventes o por poseer más equipos, área y electrodomésticos de alto consumo) pagarían uno o varios bloques (tarifas ascendentes) que reflejan el costo de generación.
Hoy día, más de la mitad de la población colombiana vive bajo un régimen tarifario que no logra abordar la pobreza energética (y por lo tanto la justicia energética que tanto se pregona) y que representa una demanda insatisfecha. Este exceso de demanda mantiene una permanente presión hacia precios por encima de los que tendría un mercado competitivo y sin excesivo poder de mercado por parte de los componentes de la cadena que tienen cómo controlarlos a su favor.
El sistema propuesto, si se diseña adecuadamente, no costaría nada adicional al contribuyente. El principio de que ‘los altos consumos financien a los bajos consumos’, llamado también de tarifas por bloques ascendentes o sistemas nacionales de garantía energética (SGE), no es nuevo y funciona con éxito en muchos países y regiones, desde Japón, Corea del Sur y China hasta Bangladesh, India, Texas y California.
Según los defensores de este esquema de “subsidios cruzados” por nivel de consumo propio (y no por nivel de estrato o región de residencia) ofrece grandes beneficios. No solo reduce o erradica la pobreza energética, sino que permite a los hogares y negocios de menores ingresos satisfacer a costo cero las necesidades esenciales. Los consumos por encima de lo básico, que reflejan niveles de ingresos más altos que el promedio y equipos de mayor escala, pagarán tarifas ascendentes —por bloques— que reflejan el costo marginal ascendente. Todo usuario, de esta forma, podría decirse: “Mis altos consumos pagarán por mi propio consumo básico”.
Una ventaja adicional de este sistema consiste en que los consumos del primer bloque se vinculen directamente a la promoción e implantación de energías renovables como son la energía eólica, solar, biomasa, o biocombustibles baratos. Esto permite a las autoridades justificar el sistema como una contribución directa en la transición a un sistema energético con bajas emisiones de carbono. En lugar de ver cómo estas energías desaparecen en el mix del consumo nacional, debería destinarse a una nueva tarifa por bloques en aumento.
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En Colombia ya hay un consenso casi generalizado de que el actual sistema de precios de la energía eléctrica requiere de una revisión urgente. Las protestas y conmoción social de los últimos meses (particularmente en la Costa Caribe), que ha empujado a decenas de millones de personas a la pobreza energética así lo confirma.
ELECTRA ha mantenido su posición ‘neutral-política’ de no manifestar más que el interés nacional y no de grupos, asociaciones, empresas del sector o entidades gubernamentales acerca de que el sistema regulatorio actual no refleja el espíritu de las Constitución del 91 o las Leyes 142 y 143 de 1994 y que requiere un replanteamiento de fondo.
La crisis energética actual (tarifas excesivamente altas, escasez de gas natural, ausencia de control de los generadores y transportadores en épocas de El Niño), ha obligado al gobierno -a través del Ministerio de Minas y Energía- a inyectar miles de millones de pesos por cuenta de la ausencia de regulación (con una CREG incapaz de operar por ausencia de expertos en propiedad) por concepto de la llamada Opción Tarifaria (los dineros no pagados por los usuarios durante la pandemia), las restricciones, el deterioro de la infraestructura de transporte y las pérdidas negras y técnicas.
Tan solo en lo que va corrido del año 2024, el gobierno ha debido asumir compromisos no previstos en el Presupuesto Nacional de cerca de 3.500 millones para no dejar quebrar varias comercializadoras atrapadas entre los costos estratosféricos de la generación hidráulica y de gas durante El Niño y las pérdidas más no-pagos de los usuarios de bajos ingresos. Este año, sin duda, se reconocerá como la política energética más cara en la historia del país. Y lo peor es que el alto costo de la ausencia de una mejor planificación y de un control regulatorio sólido, el coste asumido de las subvenciones aplicó a todo el consumo, lo cual es una locura, porque se está subsidiando a personas con piscinas y aire acondicionado, mientras que, en realidad, podría haberse hecho algo más sofisticado, específico y más barato. Algo que ofrezca todos los beneficios de la tarifa por bloques.
La propuesta planteada implica una reforma radical del mercado energético colombiano. Es claro que habría que pensar detenidamente en otros factores importantes tales como definir la cantidad adecuada de electricidad para el bloque más bajo, qué es un hogar, si se basa en el número de adultos, si se tienen en cuenta otras vulnerabilidades de los más pobres.
El modelo ideal tendría un bloque de costes reducidos para cubrir lo esencial, con tarifas más altas vinculadas a las fluctuaciones de las tarifas del mercado y la generación de energía para incentivar no solo la eficiencia energética, sino también para disuadir a los consumidores de utilizar electricidad en momentos de alta demanda o cuando la generación de energía renovable es baja. ELECTRA cree que se necesita tener un sistema que, además de abordar la crisis del coste de la vida, permita a las personas aprovechar el potencial de las energías renovables, lo que significa que tienen acceso a suficiente electricidad para lo esencial, pero también saben que cuando hay mucho viento, mucho sol, habrá precios de mercado al por mayor más bajos.
Es realmente necesario garantizar que los beneficios del cambio a las energías renovables lleguen a los hogares y que la gente pueda verlos en su factura. De lo contrario, como vimos durante los meses de mayor intensidad de El Niño, los populistas y quienes se benefician de altas tarifas se aprovecharán de ello y harán campaña contra cambios en el obsoleto sistema de regulación y de la transición energética. La realidad es que si lo hacemos bien, la regulación y la transición a las energías renovables y una mayor eficiencia energética, es la respuesta a los innumerables problemas que la gente está experimentando a costa de una oferta insegura y unos precios desorbitados.
La oferta energética que incluya bajas tarifas para lo esencial más un dividendo verde es primordial si los ofertantes del sistema más el gobierno desean conseguir que el público respalde su misión de justicia energética y energía limpia para la transición hacia un mundo mejor y de menores costes.
Las advertencias y las recomendaciones sobre una urgente toma de decisiones en el sector eléctrico que hace ELECTRA están altamente fundamentadas y demostradas. Se avecinan problemas para el sistema de suministro de electricidad del país y las soluciones ya no pueden esperar más. Colombia enfrenta un aumento sin precedentes en la demanda de electricidad asequible para muchos marginados y otros sin la capacidad de pagarla. Al mismo tiempo, se enfrenta a amenazas climáticas que afectarán la confiabilidad histórica del sistema (Niños más agresivos, una red deteriorada e insuficiente y poca asimilación a cambios tecnológicos necesarios. Estamos frente a lo que ELECTRA llama un entorno de riesgo hipercomplejo. Antes existía el desafío de la transición energética para minimizar los riesgos de un sector con uso intensivo de agua sin pagar por ella. Ahora se enfrenta el desafío del clima y los fenómenos cíclicos que hemos estado experimentando durante los últimos y que no muestran signos de disminuir.
Durante mucho tiempo la industria eléctrica en Colombia no ha crecido realmente porque ha implementado medidas de eficiencia energética para mantener el crecimiento de la carga máxima. Pero eso debe cambiar. Colombia no puede seguir represando la demanda, cosa que beneficia solo a unos pocos. El país experimenta una reindustrialización de la economía, más call-centers, más Facebook, ChatGPT, y todas las que se están incorporando a la Inteligencia Artificial y sus algoritmos. Todo ello, usuarios de la tecnología de la información, consume ingentes cantidades de energía. La creciente demanda frente al crecimiento limitado de la generación y la transmisión presagia cada vez más interrupciones en el suministro eléctrico nacional.
