Análisis sobre los resultados de la subasta de cargo por confiabilidad

Rodrigo Villamizar

El autor fue Ministro de Minas y Energía de Colombia, Embajador, es Chairman de Borametz Group (USA), Presidente de la Junta Directiva de Deinland y Kaiserwetter Energy Asset Management (Hamburgo), Codirector de The Legacy Group of Washington DC, profesor Visitante de la U de San Diego y de IEB-Complutense de Madrid.

El viernes 16 de febrero XM reveló los resultados de la subasta de cargo por confiabilidad, en la cual se adjudicaron 33 plantas nuevas de generación, lo que representa una inclusión al sistema de 4.489 megavatios nuevos, de los cuales 4.441 (99%) son de energías renovables y solo 48 son térmicas.

Esto significa un aumento importante de la capacidad del parque generador nacional, logrado con energías de baja densidad. El aumento necesario en la capacidad generadora viene acompañado de una reducción en estabilidad y confiabilidad del suministro energético.

En la actualidad, el Sistema Interconectado Nacional tiene una capacidad efectiva neta de 19.903 megavatios. Distribuidos de la siguiente manera: 66 % hidráulico, 31 % térmico y 3 % de plantas solares y eólicas. El resultado de esta subasta ayudará a diversificar la matriz energética, pero no cubre el total proyectado por la misma UPME.

Las proyecciones de la UPME señalan que, para el 2027, Colombia requerirá 26.184 megavatios de energía firme asignados: 50 % hidráulico, 24 % térmico y 26 % de plantas solares y eólicas.

Estas cifras claramente no coinciden con el resultado de la subasta, el cual concluye en 24.334 megavatios. Adicionalmente, las proyecciones de la UPME son conservadoras. Si hacemos proyecciones en línea con el crecimiento de demanda energética esperado a nivel mundial, entre el 2027 y el 2030 requeriremos entre 29 y 36 Gv, una cifra muy superior a las proyecciones de la UPME.

Estas proyecciones son indicativas de lo que Colombia debe generar si pretende mantenerse al ritmo del crecimiento mundial. Satisfaciendo la demanda proyectada para el 2027, el país (en el mejor de los casos) seguirá en su situación actual; manteniendo uno de los niveles más bajos de consumo per cápita entre países comparables, y pagando tarifas injustificables.

Las próximas subastas deberían ir en paralelo a una revisión de metodologías para asignar cargos de transmisión, de restricciones y de perdidas o mejoras en eficiencia. En ausencia de competencia de costos, las empresas siguen intentando mejorar sus participaciones de mercado y poder de control en la Bolsa. Esto ha afectado los esfuerzos por mejorar la eficiencia y la promoción de la innovación.  La influencia tecnológica de empresas como EPM y GEB se ha ido desvaneciendo, dando paso a la importancia de mantener márgenes de rentabilidad corporativos altos.

La casi nula asignación de energía firme en esta subasta – que es la que garantiza que se pueda atender a todos los usuarios del país – limita la firmeza y disponibilidad de energía confiable y condiciona la transición energética justa. El debate sobre la necesidad de un modelo regulatorio más justo, equitativo y eficiente no debe ser óbice para darle al actual sistema (imperfecto y agotado) la posibilidad de mantener un grado de firmeza mínimo aceptable. Y para ello, una próxima y pronta subasta centrada en plantas de energía convencional, más el almacenamiento por bombeo en buena parte de los embalses existentes, haría desaparecer el fantasma de futuros racionamientos. 


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